El Real Decreto-ley 31/2026, publicado en el BOE el 21 de octubre y en vigor desde ese mismo día, modifica el artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social. Cuando la pareja de hecho tiene hijos en común, para cobrar la pensión de viudedad solo se exige haber convivido de forma estable y notoria al menos dos años ininterrumpidos inmediatamente antes del fallecimiento, acreditándolo con el certificado de empadronamiento.

Qué significa en la práctica

Hasta ahora, además de cinco años de convivencia, la pareja tenía que estar inscrita en un registro de parejas de hecho o constituida en documento público con al menos dos años de antelación. Muchas familias perdían la pensión por no haber hecho ese trámite. Si hay hijos en común, ese requisito formal desaparece. Para las parejas sin hijos comunes se mantienen los cinco años de convivencia y la inscripción o documento público.

Además, se abre una vía excepcional: si el fallecimiento se produjo antes del 21 de octubre de 2026 y entonces no se pudo causar la pensión, puede solicitarse en los doce meses siguientes a esa fecha, acreditando la pareja de hecho conforme a los nuevos requisitos.

La misma norma crea nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal (trastorno menopáusico y lesiones derivadas de violencia de género), con efectos en la prestación desde el 1 de diciembre de 2026. Al ser un real decreto-ley, debe ser convalidado por el Congreso.

A quién afecta

A parejas de hecho no inscritas con hijos en común y a personas viudas de una pareja de hecho a las que se denegó la pensión por falta de inscripción.

Referencia: Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales (BOE de 21 de octubre de 2026, BOE-A-2026-21872), artículo primero, apartado diez (art. 221.2 LGSS) y nueva disposición transitoria cuadragésima octava: boe.es.

Luis Alfonso Zarza Reynoso
Abogado · ICAM n.º 107.607

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El Tribunal Supremo ha cerrado una discusión que llevaba años enfrentando a muchos padres y madres separados con Hacienda. En varias sentencias de octubre de 2026, que siguen la doctrina fijada el 23 de septiembre de 2026, la Sala Tercera declara que, con custodia compartida, el progenitor que paga por decisión judicial una pensión de alimentos a sus hijos puede aplicar en la misma declaración de la renta el mínimo por descendientes y el tratamiento especial de las anualidades por alimentos.

Qué significa en la práctica

Hasta ahora, la Agencia Tributaria y el TEAC consideraban ambos beneficios incompatibles: si el progenitor aplicaba el 50 % del mínimo por descendientes, no podía además llevar la pensión de alimentos a la escala separada de los artículos 64 y 75 de la Ley del IRPF. El Supremo rechaza esa interpretación: cada beneficio se aplica en función del tiempo de convivencia efectiva con el hijo, de modo que no se solapan. La sentencia incluye un voto particular discrepante, pero la doctrina fijada es la de la mayoría.

Quien haya visto rechazada esta combinación, o no la aplicara siguiendo el criterio de Hacienda, puede valorar pedir la rectificación de sus declaraciones de los ejercicios no prescritos y reclamar la devolución de lo pagado de más.

A quién afecta

A progenitores separados o divorciados con custodia compartida que pagan una pensión de alimentos fijada por resolución judicial, y a quienes tengan abierta una comprobación o reclamación de Hacienda sobre este punto.

Referencia: Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 6 de octubre de 2026, recurso de casación 385/2025, Roj: STS 4103/2026, ECLI:ES:TS:2026:4103, que se remite a la STS de 23 de septiembre de 2026 (recurso 2595/2025). Texto en el buscador oficial del CENDOJ: poderjudicial.es.

Luis Alfonso Zarza Reynoso
Abogado · ICAM n.º 107.607

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¿A quién afecta?

A todas las empresas y relaciones laborales de más de cuatro semanas de duración. También se aplica, con sus particularidades, a las relaciones laborales especiales y al personal laboral del sector público. Hay reglas específicas para pescadores y gente de mar.

¿Qué hay que informar?

Además de los datos de siempre (partes, fecha de inicio, centro de trabajo, categoría, salario y jornada), la norma añade o precisa estos puntos:

• En los contratos temporales, la causa concreta que los justifica y su relación con la duración prevista.
• Salario desglosado: el salario base y cada complemento por separado, y cómo se calculan los conceptos variables.
• Jornada: trabajo nocturno o a turnos, cómo y cuándo puede modificarse, y las horas extraordinarias. Si hay distribución irregular, los días y horas en que se puede exigir trabajar y los preavisos mínimos. En los fijos discontinuos, los periodos de actividad previstos.
• Periodo de prueba: su duración concreta y lo que debe hacer cada parte durante él.
• Derecho a formación a cargo de la empresa.
• Algoritmos e inteligencia artificial: si la empresa usa sistemas automatizados para decidir sobre la jornada, las tareas, el salario, los ascensos o los despidos, debe informar de su existencia y de sus criterios de funcionamiento. Es la gran novedad.
• Igualdad: el plan de igualdad, el protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo, la política de conciliación y las medidas LGTBI, si existen.
• Convenio colectivo aplicable, con su código, la fecha de publicación, la vigencia y si está en ultraactividad.
• Seguridad Social: la mutua o entidad que cubre cada contingencia, las mejoras voluntarias y los planes de pensiones.
• Extinción del contrato: los requisitos formales y los plazos de preaviso de ambas partes.

Para quienes trabajan en el extranjero se exige información adicional: país, duración, moneda, dietas y condiciones de repatriación.

¿Cuándo y cómo?

• Antes de empezar a trabajar. Basta con que figure en el contrato escrito. Si el contrato no lo recoge todo, el resto debe entregarse en uno o varios documentos.
• Cualquier cambio debe comunicarse por escrito lo antes posible y, como tarde, el día en que empiece a aplicarse.
• Puede entregarse en papel o en formato electrónico, siempre que el trabajador pueda guardarlo e imprimirlo y la empresa conserve prueba de la entrega.

¿Y si mi contrato es anterior al 5 de octubre?

Puede pedir por escrito la información que le falte. La empresa tiene 30 días hábiles para dársela.

Nuestra recomendación

Empresas: revisen sus modelos de contrato y preparen un documento informativo complementario, sobre todo si utilizan herramientas automatizadas de gestión de personal. El incumplimiento puede ser sancionado por la Inspección de Trabajo. Trabajadores: si no tienen claras sus condiciones, pueden solicitarlas. Esa información es además una prueba muy útil ante cualquier reclamación posterior.

Fuente: Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre (BOE de 15 de septiembre de 2026, BOE-A-2026-19200).

Luis Alfonso Zarza Reynoso
Abogado · ICAM n.º 107.607

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¿Por qué otro retraso?

Hacienda quiere hacer coincidir Verifactu con la factura electrónica obligatoria entre empresas y profesionales con un volumen de operaciones de hasta 8 millones de euros. El objetivo es que pymes y autónomos hagan un solo cambio tecnológico en lugar de dos seguidos. El Ministerio anuncia también una modificación posterior del reglamento para ajustar su alcance y algunos aspectos técnicos, teniendo en cuenta las futuras obligaciones europeas de información digital (paquete ViDA). Las garantías de integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de las facturas se mantendrán en términos sustancialmente equivalentes.

Atención: todavía no está en el BOE

Por ahora es solo un anuncio. Hasta que se publique la norma que lo apruebe, siguen vigentes los plazos del Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre:

• Sociedades (contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades): antes del 1 de enero de 2027.
• Resto de obligados, entre ellos los autónomos que tributan en el IRPF por actividades económicas: antes del 1 de julio de 2027.

Así lo recoge también la propia Agencia Tributaria en su sede electrónica, actualizada a 13 de octubre de 2026.

¿Qué conviene hacer?

• No dar el aplazamiento por hecho hasta verlo publicado en el BOE.
• Preguntar al proveedor del programa de facturación si ya está adaptado al reglamento: el retraso afecta a la obligación de cumplir, no a la prohibición del software que permite manipular la contabilidad, vigente desde la Ley 11/2021 contra el fraude fiscal.
• Seguir el calendario de la factura electrónica, que es ahora el que marcará el ritmo.

Os informaremos en este blog en cuanto se publique la norma.

Fuentes: Nota informativa del Ministerio de Hacienda de 5 de octubre de 2026; Agencia Tributaria, nota sobre la ampliación del plazo; Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre (BOE de 3 de diciembre de 2025).

Luis Alfonso Zarza Reynoso
Abogado · ICAM n.º 107.607

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El caso del TSJ de Canarias: 48 citas inventadas

En un auto de 10 de febrero de 2026, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sancionó a un abogado que había presentado un recurso de apelación con 52 citas de jurisprudencia de las que solo 4 eran correctas. El resto, junto con un supuesto informe del CGPJ, había sido generado por una herramienta de IA de pago (las llamadas «alucinaciones») y se incorporó al escrito sin revisarlo.

El tribunal dejó claro que no rechaza la IA, que considera un complemento útil del trabajo del abogado, pero que presentar citas falsas vulnera la buena fe procesal (artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y el respeto debido al tribunal (artículo 553 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), aunque se haga por negligencia. Impuso una multa de 420 euros, rebajada a la mitad porque el letrado reconoció los hechos, y envió el asunto a su Colegio de Abogados por si procedía además una sanción disciplinaria.

Lo que exige la Abogacía

En abril de 2026, el Consejo General de la Abogacía Española aprobó una circular deontológica sobre los escritos elaborados con ayuda de IA: la herramienta es solo un apoyo, el abogado debe conocer cómo funciona, revisar íntegramente el resultado y contrastarlo con fuentes jurídicas fiables. La responsabilidad es siempre de quien firma.

Riesgos si usted la usa por su cuenta

• Respuestas seguras pero equivocadas: la IA puede inventar normas o sentencias, o aplicar leyes ya derogadas. Las normas cambian con frecuencia.
• No conoce su caso completo: no ve sus documentos, sus plazos ni los detalles que suelen decidir un asunto.
• Plazos: un error en un plazo de recurso o de reclamación puede ser irreparable.
• Privacidad: lo que sube a una herramienta de IA (contratos, nóminas, datos médicos o de terceros) puede quedar fuera de su control.

Nuestra recomendación

Use la IA para entender conceptos o preparar sus preguntas, pero no para tomar decisiones ni para presentar escritos sin supervisión profesional. Antes de firmar, reclamar o recurrir, consulte con un abogado: una revisión a tiempo suele salir mucho más barata que corregir un error.

Fuente: Auto del TSJ de Canarias (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 10 de febrero de 2026, recurso 140/2025, ECLI:ES:TSJICAN:2026:1A.

Luis Alfonso Zarza Reynoso
Abogado · ICAM n.º 107.607

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¿Qué hace exactamente?

La herramienta analiza los recursos y los documentos que los acompañan y, en segundos, identifica los datos clave de cada asunto: las partes, la materia, las normas que se citan y los argumentos jurídicos. Con esa información ordena los asuntos, los agrupa, los reparte entre los equipos de trabajo, permite seguir en qué punto está la revisión de cada uno y enlaza directamente con el expediente electrónico.

La razón es el volumen. Solo en el primer semestre de 2026 la Sala de lo Civil registró 7.279 asuntos nuevos, de los cuales 6.881 eran recursos de casación, muchos de ellos con características muy parecidas.

¿Qué NO hace?

Según el propio Ministerio, la IA no decide, no resuelve y no propone sentencias: se limita a organizar la información y a automatizar tareas repetitivas. El criterio jurídico sigue siendo de los magistrados y de los letrados de la Administración de Justicia. El sistema funciona en servidores propios del Ministerio y en entornos aislados.

Las reglas para los jueces

Este paso se enmarca en la Instrucción 2/2026 del Consejo General del Poder Judicial, publicada en el BOE el 30 de enero de 2026, que fija cómo pueden usar los jueces la inteligencia artificial:

• Solo pueden utilizar sistemas de IA facilitados por las administraciones de justicia o por el propio CGPJ.
• Está prohibido delegar en la IA la decisión, la valoración de los hechos y de la prueba o la interpretación y aplicación del Derecho.
• No se pueden introducir datos de los procedimientos en herramientas no autorizadas.
• Debe existir un control humano real y efectivo, y el juez conserva la responsabilidad plena y exclusiva de sus resoluciones.

A ello se suma el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial, que califica de alto riesgo los sistemas destinados a ayudar a los tribunales a interpretar los hechos y el Derecho.

¿Qué significa para quien recurre?

A medio plazo, una tramitación más ágil de los recursos ante el Supremo. Pero la decisión sobre cada asunto sigue siendo humana, y un recurso claro, bien estructurado y con los argumentos bien identificados es hoy, más que nunca, la mejor carta de presentación.

Fuentes: Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (comunicado de 1 de octubre de 2026); Instrucción 2/2026 del CGPJ, BOE-A-2026-2205.

Luis Alfonso Zarza Reynoso
Abogado · ICAM n.º 107.607

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Hacienda considera las criptomonedas como bienes que pueden comprarse, venderse o intercambiarse por otros bienes o servicios.

En concreto:

La «moneda virtual» (también llamada  «criptomoneda») se define en el artículo 1.5 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo como «aquella representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central o autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda legalmente establecida y que no posee estatuto jurídico de moneda o dinero, pero que es aceptada como medio de cambio y puede ser transferida, almacenada o negociada electrónicamente.«

A partir del 30 de diciembre de 2024, se les llamará “criptoactivos” debido a su diversidad en valor, nombre y aceptación en el mercado.

¿Cómo tributa en el IRPF?

Las criptomonedas tributan en el IRPF en diferentes situaciones:

1. Compra: La compra de una criptomoneda no supone que se tenga que declarar la compra de este activo (salvo algunas excepciones que se explican más abajo), pero sí es obligatorio anotar la fecha de la compra como el valor de la misma y la cantidad.
2. Venta: La venta de criptomonedas se trata como una ganancia o pérdida patrimonial, similar a la compraventa de bienes inmuebles.

El tipo impositivo (escala del ahorro vigente desde 2025) es:

• Hasta 6.000 €: 19 %
• Entre 6.000 € y 50.000 €: 21 %
• Entre 50.000 € y 200.000 €: 23 %
• Entre 200.000 € y 300.000 €: 27 %
• De 300.000 € en adelante: 30 % (hasta 2024 era el 28 %)

1. Minería: La minería de criptomonedas puede constituir una actividad económica; en ese caso exige el alta censal en Hacienda y, según las circunstancias, el alta en el régimen de autónomos.

1. Intereses: Si recibes intereses en criptomonedas por invertir en plataformas digitales, debes declararlos como rendimientos del capital mobiliario.

¿Cómo se declara en la Renta?

En el modelo de declaración de la Renta, encontrarás un apartado específico dedicado a las criptomonedas (la numeración de las casillas puede cambiar en cada campaña). Aquí debes detallar las fechas y los valores de adquisición para que el borrador pueda calcular las ganancias y pérdidas obtenidas.

En la casilla clave 0, encontrarás el campo de Monedas virtuales. Debes especificar el nombre de la criptomoneda, la operación realizada, el valor de adquisición y el valor de la transacción.

¿Hay más obligaciones con respecto a las criptomonedas?

Sí, además de la declaración de la renta hay que saber que existe el modelo 721, este es un modelo informativo sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero. (Entiendo como extranjero las criptomonedas situadas en monederos virtuales en que la sede de la empresa o entidad se encuentre fuera de España).

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GI55.shtml

1. ¿Quién tiene obligación de presentar el modelo?

Solo están obligados a presentar este modelo si el valor total de las criptomonedas en el extranjero supera los 50.000 euros a 31 de diciembre.

Están obligados las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, (Las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición) que sean titulares de monedas virtuales en el extranjero, o respecto de las cuales tengan la condición de beneficiarios, autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición, o de las que sean titulares reales, custodiadas por personas o entidades que proporcionan servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, a 31 de diciembre de cada año.

Dicha obligación también se extiende a quienes hayan sido titulares, autorizados, o beneficiarios de las citadas monedas virtuales, o hayan tenido poderes de disposición sobre las mismas, o hayan sido titulares reales en cualquier momento del año al que se refiera la declaración y que hubieran perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese año. En estos supuestos, la información a suministrar será la correspondiente a la fecha en la que dicha extinción se produjo.

1. ¿Cuándo hay que presentarlo?

Entre el día 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al que se suministra la información.

Por ejemplo, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2027 se presenta la información correspondiente a 2026.

1. ¿Qué pasa si no lo presento o se me olvida?

Hay una sanción de 300€ por no presentar el modelo si lo reclama la agencia tributaria.

En caso de presentación fuera de plazo, pero sin reclamación por parte de la AEAT la sanción será de 150€

También puede aplicarse una multa de 20 euros por registro no declarado o requerido, o una multa de 10 euros por hacerlo incorrectamente.  

Estas sanciones prescribirán a los 4 años, o en 5 en caso de delito fiscal (cuota defraudada supera los 120.000€)

Luis Alfonso Zarza Reynoso
Abogado · ICAM n.º 107.607

La entrada Tributación de las criptomonedas en la declaración de la renta se publicó primero en F9F Abogados.

Hay que indicar que esta autorización es la más excepcional de las autorizaciones por circunstancias excepcionales. En el día a día, las que más se tramitan son los arraigos, que con el Reglamento de Extranjería vigente (Real Decreto 1155/2024, aplicable desde el 20 de mayo de 2025) son el arraigo social, sociolaboral, socioformativo, familiar y de segunda oportunidad.

¿Cuándo se concede por razones humanitarias?

El artículo 128 del Reglamento de Extranjería la prevé en estos supuestos:

• Permanencia autorizada por el Ministerio del Interior en los casos previstos en la normativa de asilo y protección subsidiaria (Ley 12/2009) y de protección temporal a personas desplazadas.
• Ser víctima de determinados delitos: los de los artículos 311 a 318 del Código Penal (delitos contra los derechos de los trabajadores), los de los artículos 510, 511.1 y 512, delitos cometidos con la agravante de discriminación del artículo 22.4 del Código Penal o delitos por conductas violentas en el entorno familiar, siempre que haya recaído resolución judicial finalizadora y firme en la que se establezca la condición de víctima.
• Sufrir una enfermedad sobrevenida en España de carácter grave que requiera asistencia sanitaria especializada no accesible en el país de origen, cuando interrumpirla o no recibirla suponga un grave riesgo para la salud o la vida. Se acredita con informe clínico de la autoridad sanitaria y, si el enfermo es menor, puede extenderse al progenitor o tutor que esté con él en España.
• Que el traslado al país de origen para solicitar el visado suponga un peligro para su seguridad o la de su familia, siempre que reúna los demás requisitos para una autorización de residencia o de residencia y trabajo.

Como se puede observar, son motivos muy tasados y, por tanto, su concesión está muy limitada.

El caso: accidente laboral sin permiso de residencia

En el caso concreto que tramité, se trataba de un trabajador sin permiso de residencia que sufrió un accidente laboral mientras trabajaba como albañil arreglando un tejado.

El supuesto encajaba en los delitos contra los derechos de los trabajadores, al estar trabajando sin contrato y sin las medidas de protección adecuadas. A raíz del accidente, que le incapacitó para trabajar, se reconoció en vía judicial la relación laboral y el accidente de trabajo, y se inició además la vía penal por un posible delito contra los derechos de los trabajadores, que en aquel momento seguía en fase de instrucción.

Hay que subrayar que, hasta que no obtiene la tarjeta (TIE), quien ha sufrido el accidente laboral se encuentra totalmente indefenso: no puede tramitar la incapacidad ante la Seguridad Social porque carece de permiso de residencia y de número de afiliación (NAF); si tiene que acudir al FOGASA para cobrar la indemnización por el accidente, ocurre lo mismo; y la sanidad pública madrileña le cobraba el tratamiento médico, pese a tratarse de un accidente de trabajo, por no tener número de Seguridad Social ni tarjeta sanitaria.

Y, por último, lo más grave: muchas veces se deniega porque, aunque se haya iniciado el procedimiento penal, la fase de instrucción no ha finalizado y puede alargarse mucho tiempo.

Conclusión

En el caso de un accidente laboral, aunque la vía judicial laboral haya reconocido el accidente de trabajo, ese reconocimiento no sirve por sí solo para obtener la autorización por razones humanitarias, salvo que se acredite la condición de víctima de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Luis Alfonso Zarza Reynoso
Abogado · ICAM n.º 107.607

La entrada Autorización de residencia por razones humanitarias tras un accidente laboral se publicó primero en F9F Abogados.

La pensión compensatoria por divorcio para la esposa no es definitiva y puede adaptarse a nuevas situaciones. Por ejemplo, si quien recibe la pensión se casa de nuevo o encuentra una mejor situación financiera, entonces es posible revisar las condiciones de la pensión.  

La entrada Si me divorcio ¿Tengo que pagar pensión a mi esposa?  se publicó primero en F9F Abogados.

A continuación, tienes un modelo que te servirá de guía para elaborar tu documento en España. Recuerda que es solo para comenzar y que lo ideal es personalizarlo según tu situación. ¡No dudes en hacerlo tuyo y adaptarlo a lo que necesites! 

Ejemplo de demanda de divorcio por mutuo acuerdo 

D./Dña. [Nombre y apellidos del demandante], con DNI [Número], y con domicilio en [Dirección], comparezco ante este Juzgado y, como mejor proceda, expongo: 

Que, habiendo llegado al convencimiento de que es necesario iniciar una nueva etapa en nuestras vidas, solicito la disolución del vínculo matrimonial que me une con D./Dña. [Nombre y apellidos del cónyuge], con DNI [Número] y domicilio en [Dirección]. 

En este sentido, hemos elaborado un convenio regulador que recoge de mutuo acuerdo las condiciones de nuestra separación, el cual se acompaña al presente escrito. 

Con base en los siguientes, 

HECHOS 

PRIMERO.- Que los comparecientes contrajeron matrimonio civil en fecha [Fecha] en [Lugar], lo cual se acredita con el certificado de matrimonio. 

SEGUNDO.- Ambos cónyuges, reconociendo que las circunstancias han cambiado, han tomado la difícil decisión de separarse legalmente. Con el fin de comenzar una nueva etapa en sus vidas, solicitan formalmente el divorcio, tal como lo establece el artículo 86 del Código Civil. 

TERCERO.- Que de dicho matrimonio han nacido los hijos [Nombre de los hijos], menores de edad, de los que ambos cónyuges han acordado el siguiente régimen de custodia y visitas… 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Competencia territorial: de acuerdo con el artículo 769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el juzgado competente para conocer de este asunto es el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde los cónyuges residían juntos.  

1. Procedimiento: hemos acordado divorciarnos y seguiremos un procedimiento legal específico (artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) que facilita la resolución de este tipo de situaciones. Esto nos permitirá avanzar en este proceso de manera eficiente. 

Considerando lo anterior, 

Se solicita a este juzgado: 

Los abajo firmantes, de común acuerdo y en uso de nuestros derechos, solicitamos a este Juzgado, admita la presente demanda de divorcio. Acompañamos a esta solicitud el convenio regulador que contiene las condiciones pactadas para la disolución de nuestro vínculo matrimonial. 

Ruego se sirva admitir esta demanda y, tras el trámite correspondiente, dictar sentencia declarando disuelto nuestro matrimonio en los términos del convenio mencionado. 

[Ciudad], [Fecha]. 

[Firma de los solicitantes] 

Esto es solo un borrador de divorcio de mutuo acuerdo. Aunque te servirá de guía inicial, cada situación es única y merece atención.  

Ante desafíos complejos, la asesoría especializada resulta invaluable. Te recomendamos consultar a un profesional. En F9F ABOGADOS, te acompañaremos en cada paso del procedimiento. 

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