Desde octubre de 2026, la Sala Primera del Tribunal Supremo, la de lo Civil, trabaja con una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por el Ministerio de Justicia junto con el Gabinete Técnico del propio Supremo. Es la primera vez que el Alto Tribunal incorpora de forma oficial la IA a su trabajo diario.
¿Qué hace exactamente?
La herramienta analiza los recursos y los documentos que los acompañan y, en segundos, identifica los datos clave de cada asunto: las partes, la materia, las normas que se citan y los argumentos jurídicos. Con esa información ordena los asuntos, los agrupa, los reparte entre los equipos de trabajo, permite seguir en qué punto está la revisión de cada uno y enlaza directamente con el expediente electrónico.
La razón es el volumen. Solo en el primer semestre de 2026 la Sala de lo Civil registró 7.279 asuntos nuevos, de los cuales 6.881 eran recursos de casación, muchos de ellos con características muy parecidas.
¿Qué NO hace?
Según el propio Ministerio, la IA no decide, no resuelve y no propone sentencias: se limita a organizar la información y a automatizar tareas repetitivas. El criterio jurídico sigue siendo de los magistrados y de los letrados de la Administración de Justicia. El sistema funciona en servidores propios del Ministerio y en entornos aislados.
Las reglas para los jueces
Este paso se enmarca en la Instrucción 2/2026 del Consejo General del Poder Judicial, publicada en el BOE el 30 de enero de 2026, que fija cómo pueden usar los jueces la inteligencia artificial:
- Solo pueden utilizar sistemas de IA facilitados por las administraciones de justicia o por el propio CGPJ.
- Está prohibido delegar en la IA la decisión, la valoración de los hechos y de la prueba o la interpretación y aplicación del Derecho.
- No se pueden introducir datos de los procedimientos en herramientas no autorizadas.
- Debe existir un control humano real y efectivo, y el juez conserva la responsabilidad plena y exclusiva de sus resoluciones.
A ello se suma el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial, que califica de alto riesgo los sistemas destinados a ayudar a los tribunales a interpretar los hechos y el Derecho.
¿Qué significa para quien recurre?
A medio plazo, una tramitación más ágil de los recursos ante el Supremo. Pero la decisión sobre cada asunto sigue siendo humana, y un recurso claro, bien estructurado y con los argumentos bien identificados es hoy, más que nunca, la mejor carta de presentación.
Fuentes: Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (comunicado de 1 de octubre de 2026); Instrucción 2/2026 del CGPJ, BOE-A-2026-2205.
Luis Alfonso Zarza Reynoso
Abogado · ICAM n.º 107.607
